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DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE ARQUITECTOS SIN FRONTERAS (ASF) EN LA CAÑADA REAL GALIANA A SU PASO POR MADRID

Miércoles, Febrero 1st, 2012

EL PASADO
La Cañada Real Galiana es una de las vías pecuarias más importantes del estado español. Constituye una de las nueve grandes Cañadas Reales que recorren la Península de norte a sur y que integran la Red Nacional de Vías Pecuarias.
La falta de uso regular para el tránsito ganadero y su situación geográfica próxima a áreas urbanas en pleno desarrollo, impulsó la ocupación de estos terrenos públicos ya desde la década de los 50 y 60, intensificándose en épocas más recientes.
En sucesivas olas, la Cañada Real Galiana ha sido ocupada por muy diversos grupos poblacionales. Esto se debe a la dificultad actual de encontrar una vivienda, en un contexto donde el mercado de alquiler es muy escaso y sus precios están por encima de las posibilidades de muchas personas.
La zona altamente afectada por ocupaciones y construcciones ilegales de todo tipo (viviendas, naves industriales, almacenes de chatarra y residuos, huertos, etc…), se extiende desde Coslada a Getafe.

EL PRESENTE
Las ocupaciones han ido transformando este espacio a tal punto que en la actualidad podemos encontrar una auténtica “ciudad lineal”, no planificada, compuesta de edificaciones irregulares de muy diversa índole y de carácter muy estable. Se trata de un espacio urbano de grandes contrastes.
La Cañada se caracteriza, a día de hoy, por una gran heterogeneidad edificatoria (construcciones de muy diversos materiales, tamaños, características, antigüedad, usos, etc…), socioeconómica y sociocultural.
El 15 de marzo de 2011 la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó la tan esperada Ley 2/2011 de desafectación de la Cañada Real, que aspira a convertirse en la solución final a la problemática jurídica y social del denostado entorno en que se ha convertido la Cañada Real, un asentamiento informal de casi 15 kilómetros de largo, que atraviesa los términos municipales de Coslada, Rivas-Vaciamadrid, Madrid (distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas) y Getafe, con aproximadamente 15.000 vecinos viviendo, en algunos casos, durante más de treinta años. Esta Ley polémica, ha surgido en el marco de un enfrentamiento entre dos posturas que por definición son antagónicas: la de hacer desaparecer la totalidad del asentamiento informal existente en la actualidad, restituyendo la Cañada como espacio natural (antes de la entrada en vigor de la Ley, con la finalidad añadida de restituirla a su estado anterior como vía pecuaria); y la del reconocimiento, sin más, de las ocupaciones realizadas.
Está calificada como Zona de Necesidades de Transformación Social, definida como aquellos espacios urbanos claramente delimitados en cuya población concurren situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social y de los que son significativamente apreciables problemas en las siguientes materias:

  • Vivienda, deterioro urbanístico.
  • Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.
  • Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales.
  • Significativas deficiencias higiénicas sanitarias.
  • Fenómenos de desintegración social.

ASF concretiza la reivindicación del derecho al hábitat y del derecho a la ciudad a través de intervenciones contra las diferentes formas de infravivienda y de exclusión social.
Las acciones del Grupo de Trabajo de Cooperación Local de ASF se llevan a cabo a través de de voluntarios/as, y nuestras reivindicaciones se basan en:

  • DERECHO AL HÁBITAT:

El reconocimiento del derecho al hábitat está vinculado a su condición de necesidad básica imprescindible para vivir con dignidad y seguridad, para desarrollar libremente la propia personalidad y para participar libremente en la  vida comunitaria.
Su incumplimiento vulnera la integridad física y mental de las personas, su vida privada y familiar, su derecho al trabajo, a la educación y a la participación y su libertad de residencia.

  • DERECHO A LA CIUDAD:

Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a condiciones de vida adecuados, basado en los principios de sustentabilidad y justicia social.
Sabiendo que el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico y la actividad económica generadora de empleo, pero también por los recursos del medio ambiente y la capacidad de éste para absorber los efectos de la actividad humana.

  • DERECHO A LA VIVIENDA:

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en su artículo 25: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”, como la Constitución Española (1978) en su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” Manifiestan claramente el derecho a una vivienda digna, siendo ésta una necesidad básica y no un lujo muchas veces inaccesible como se ha acabado convirtiendo en los últimos años, llegando incluso a ser uno de los objetos de mayor especulación y colaborando a la burbuja inmobiliaria en la que se basa la actual crisis del modelo económico español.
Cualquier solución a esta problemática debe considerar además los siguientes criterios:

  • SOCIALES:

Las miles de personas que llevan decenas de años viviendo en la Cañada ya están arraigadas, y la mayoría de ellas manifiestan su deseo de quedarse. Cualquier solución debe ser construida desde el consenso entre población y administraciones. La solución debe ser universal y genérica, no se podría entender distintas soluciones en función de competencias municipales o partidistas, ya que la problemática es la misma en su origen.

  • ECONÓMICOS:

Dado el actual contexto de crisis, es importante evaluar las repercusiones económicas de las distintas opciones que se planteen. El coste de derribar indiscrimadamente y realojar a la población es una opción objetivamente mucho más cara que la de adaptar la Cañada a estándares urbanísticamente aceptables.

  • JURÍDICOS:

El carácter público y no urbanizable de la zona de servidumbre de las vías pecuarias es un valor, siempre y cuando éstas sigan manteniendo su uso como vía de trashumancia ganadera. Pero entendemos que las leyes deben ser flexibles y ajustarse a las demandas sociales. En este caso defendemos que se mantenga la titularidad pública del suelo, pero dado a que ya no se usa como vía pecuaria, existen figuras urbanísticas como el DERECHO DE SUPERFICIE que sería fácilmente aplicable en este caso, existiendo precedentes tanto en España como en Europa.

  • MEDIO AMBIENTALES:

Conceptos como reciclaje, reutilización o rehabilitación son mucho más sostenibles que otros como demolición o construcción. El derribo indiscriminado de las edificaciones de la Cañada supondría un volumen de escombros de unos 800.000 m3.

EL FUTURO
Se propone, desde parte de los vecinos de la Cañada, la elaboración de un Plan de Acción Integral (PAI), para lo que piden ayuda a ASF y otros colectivos.
Este PAI pretende poner en carga equilibrada todas las posibilidades que ofrece la localización y los recursos humanos y materiales disponibles, para que el desarrollo del mismo sea verdaderamente sostenible, respetando al medioambiente, como elemento potenciador de la cultura ecológica, entendida en su más amplia acepción.
El PAI se redactará desarrollando tres grandes ejes:

  • SOCIAL
  • JURÍDICO
  • URBANÍSTICO

La Ley 2/2011 de desafectación de la Cañada Real reclamaba a los 4 Ayuntamientos afectados la elaboración de un censo que sirviera como base para la elaboración de soluciones. Este censo, elaborado en el verano de 2011 y que todavía no se ha hecho público, arroja un total de unos 5.000 habitantes, cuando en los últimos años los datos que se han manejado rondan los 30.000 habitantes (estimamos que la realidad se aproximará más a los 15.000), por lo que entendemos que el trabajo realizado por los ayuntamientos es inoperante para buscar ningún tipo de solución.

La primera actividad que vamos a desarrollar es la elaboración de un censo, tanto social como arquitectónico, que sirva de base sólida al PAI.

El objetivo de este trabajo es buscar una solución global para todos los vecinos censados, pero no única, que dependa de sus posibilidades económicas, y que pedimos que se les presenten alternativas a los vecinos. Esta tarea ASF la concretiza en la elaboración de un PAI como herramienta que los vecinos puedan usar en la mesa de negociación que fija la Ley, dado que suponemos que las soluciones que aporten los Ayuntamientos no serán ni coordinadas ni estarán a favor de que la Cañada Real siga siendo la calle más atractiva (aunque vilipendiada) de todo Madrid.

POSDATA: DATOS, CONCLUSIONES Y REFLEXIONES…

  • La Cañada es el asentamiento informal más grande de Europa.
  • La Administración no ha actuado en la Cañada durante 30 años. Sólo ha empezado a hacerlo cuando los desarrollos urbanísticos limítrofes del este de Madrid (PAUs de Valdecarros, Los Berrocales y Los Ahijones) se han interesado por ese suelo.
  • Cuando se construyó la incineradora de Valdemingómez en 1.996, con una servidumbre de 2.500 m de radio donde no puede haber viviendas, no se realojó a los habitantes afectados del Sector 6.
  • La centralización del mercado de la droga en el Sector 6 ha sido dirigida por la Administración con el desmantelamiento (y no reubicación) de poblados marginales dispersos históricos de Madrid. (a día de hoy la Policía Nacional hace registros a la salida, pero nunca a la entrada, permitiendo el consumo interno)
  • La Cañada es muy heterogénea, siendo la mayor parte de sus habitantes personas de clase media que nada tienen que ver con la compra-venta de droga. Es injusto que los medios de comunicación sólo difundan los aspectos negativos que tienen lugar en un punto muy concreto de la Cañada, generalizando estos hechos al resto.
  • Desde la publicación de la Ley Cañada 15/3/2011 no se han parado los derribos, y en algunos casos se ha intentado cobrar a los vecinos desalojados una cantidad entre 9.000 y 22.000 €.
  • El censo realizado en Verano de 2011 de 5.000 personas es irreal, la realidad ronda las 15.000 personas.
  • Es inviable económica y socialmente demoler toda la Cañada y existen soluciones sociales, jurídicas y urbanísticas (como el Derecho a Superficie planteado por TXP) para solucionarlo.
  • ¿Por qué planes urbanos como la Ciudad Lineal de Arturo Soria se estudian en la Historia del Urbanismo como modelos y sin embargo se critica la Cañada Real, cuando tiene una estructura muy similar y se ha mantenido en el tiempo mucho más pura?
  • Existen otras formas de hacer urbanismo participativo y social, contra el especulativo y dirigido, y la Cañada Real puede ser un magnífico modelo.

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS Madrid (1/2/2012)